ONGs mexicanas unen esfuerzos para evaluar y promover la transparencia en el legislativo

Investigadores del Transparency Audit Network conversaron con Manuel Guadarrama, consultor del Instituto Mexicano  para la Competitividad (IMCO), una de las ONG impulsadoras de la Alianza para el Parlamento Abierto. Guadarrama compartió con nosotros sobre el surgimiento de esta alianza y los principales hallazgos del Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, primer estudio  de su tipo en evaluar a las 34 instituciones legislativas mexicanas.

Entre los resultados del estudio destaca que, aunque el principio de derecho a la información se cumple en un 84%, los principios de participación ciudadana, de publicación de información presupuestal y administrativa, y de datos abiertos, se cumplen sólo en un 40%, 24% y 0.3%, respectivamente.

Las reflexiones compartidas invitan a replicar la evaluación en otros países de la región.

 

¿Qué motivó la creación de la Alianza para el Parlamento Abierto y la realización del diagnóstico? 

Junto con el grupo de organizaciones de la sociedad civil que venimos participando en el plan de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto, percibimos que hasta ahora se había descuidado en México el impulso a la transparencia más allá del poder ejecutivo. Entonces surgió la idea de impulsar una alianza que avance en paralelo con una agenda propia de gobierno abierto en el poder legislativo, y que involucre a más organizaciones de la sociedad civil (actualmente doce) especializadas en temas relacionados; es así como surge la Alianza para el Parlamento Abierto (APA). El Diagnóstico de Parlamento Abierto en México  constituye el primer proyecto de esta alianza, y tuvo por finalidad contar con una línea de base, debido a que no existían estudios similares previos.

 

Coméntanos un poco sobre la experiencia de trabajo conjunto en la APA. ¿Qué retos tuvieron que enfrentar?

Ha sido una tarea ardua pero gratificante, nos tomó cerca de un año de trabajo el conformar la APA y lanzar el diagnóstico.

Al momento de conformar la APA, uno de los retos fue el de establecer criterios para la independencia. Se estableció requisitos para las organizaciones conformantes, entre ellos,  tal vez el más difícil de cumplir, fue el que ninguna organización conformante podía trabajar con fines lucrativos con alguno de los congresos. Otra dificultad por la que atravesamos es que no se obtuvo la misma respuesta en cuanto al reconocimiento de la APA ante la Cámara de Diputados, como lo fue con el Senado, con quienes se realizó la firma en un evento público. En este sentido la APA vio ligeramente frenado su avance, pero el grupo impulsor continúa trabajando.

Ya para el desarrollo del diagnóstico, el primer reto fue ponernos de acuerdo para definir los diferentes aspectos de la metodología, desde los 10 principios mínimos que deben cumplirse para poder decir que un parlamento está trabajando en materia de gobierno abierto, hasta los procedimientos necesarios para dar rigurosidad metodológica al diagnóstico y reducir la subjetividad en la implementación del mismo, como la repartición aleatoria de los congresos a ser evaluados y la triple ronda de evaluación.

 

¿Cuáles eran sus expectativas antes de realizar este estudio, y cuál fue el contraste con los resultados obtenidos? ¿Nos podría comentar los aspectos positivos y negativos más saltantes?

Al evaluar el principio de derecho a la información, referido a difundir la información obligatoria de acuerdo a ley, nos dimos con la sorpresa de encontrar un nivel de cumplimiento mayor al 80%, hallazgo que no esperábamos en una primera evaluación al legislativo, pero que nos dice mucho del avance general luego de más de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia.

Por otro lado, encontramos muy malas prácticas en el aspecto presupuestal. A pesar de que las leyes de transparencia y de finanzas públicas establecen requerimientos en cuanto al formato, periodicidad y disponibilidad electrónica de los reportes financieros, existe un alto nivel de incumplimiento. Ninguno de los órganos evaluados cumplía al 100% con estas exigencias. La peor práctica es con respecto al uso de recursos que se otorga a los grupos parlamentarios, existe en ese aspecto una completa opacidad, no sabemos cuánto destinan para viajes, gastos de representación oficial, ni con qué presupuesto cuentan las comisiones o los órganos de gobierno del congreso.

 

¿Cuál ha sido el impacto que a la fecha ha generado la publicación de este diagnóstico, y cuáles son los próximos pasos de la APA?

La receptividad por parte de los congresos ha sido variada. En los casos en que esta ha sido más positiva nos encontramos ya trabajando con ellos para desarrollar planes de acción en base a los hallazgos del diagnóstico. Buscamos promover consensos entre las fuerzas políticas en los congresos para un mayor éxito en la implementación de dichos planes de acción.

El diagnóstico realizado fue un primer paso, por tanto se midió aspectos básicos. Estamos trabajando la mejora de la metodología en base a algunas recomendaciones realizadas por evaluadores externos y miembros de la academia. Esperamos para este año lanzar una nueva edición de este diagnóstico, que permita una evaluación más profunda.

 

En nuestra sección de auditorías, podrá encontrar un resumen del diagnóstico. También puede acceder al documento completo aquí.